RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL: MEDICIÓN Y FACTURACIÓN
Conozca cómo instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en propiedad horizontal y evitar riesgos en la medición, facturación y cobro del consumo.
Conozca cómo instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en propiedad horizontal y evitar riesgos en la medición, facturación y cobro del consumo.
Conozca qué debe contener el Acuerdo de Comunidad Energética (ACE), sus requisitos regulatorios y los riesgos de un documento insuficiente para la conexión.
Descubra cómo reducir el costo de su vehículo eléctrico en Colombia con los incentivos de la Ley 1715. Guía práctica con ejemplo real y pasos para obtener el Certificado UPME antes del 31 de mayo de 2026.
Análisis del nuevo régimen de autogeneración remota en Colombia tras la Resolución CREG 101 099 de 2026 y el Decreto 1403 de 2024. Se explican las figuras de AGR y PMR, reglas de conexión al SIN, aspectos contractuales, cargos y principales riesgos regulatorios para inversionistas.
Análisis Jurídico de Facultades Excepcionales y Propiedad Rural: Decreto 0174 de 2026
El presente artículo analiza la configuración del objeto ilícito en contratos de compraventa de predios rurales inicialmente adjudicados como baldíos cuando la adquisición supera la Unidad Agrícola Familiar (UAF) del municipio.
En el documento ampliado explicamos el alcance técnico de cada norma, sus efectos prácticos en la seguridad jurídica de la tierra y las implicaciones estratégicas para el sector de energías renovables.
Realizar un Due Diligence legal en Colombia es un paso crítico en cualquier proceso de inversión, adquisición o estructuración de proyectos, especialmente en sectores regulados como energía, infraestructura y proyectos FNCER.
En muchos litigios de proyectos de energía en Colombia, el problema no es si hay o no un daño. El verdadero cuello de botella está en cómo se cuantifica. Y ahí es donde se caen buena parte de las pretensiones o de las defensas: dictámenes periciales que hablan de “el valor del predio”, de “pérdidas estimadas”, o de “impactos probables”, pero que no explican técnicamente el daño atribuible a la actividad energética concreta ni cumplen los estándares que hoy exigen la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Este análisis examina la demanda de inconstitucionalidad (D-16791) presentada la de la Agencia Nacional de Tierras, contra el Decreto Ley 902 de 2017, y evalúa el debate sobre la conveniencia de que los procesos agrarios se resuelvan exclusivamente en sede administrativa.