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La Superintendencia de Sociedades ha abordado conceptualmente la imbricación societaria definiéndola como a la situación en la que una sociedad subordinada adquiere acciones, cuotas o partes de interés en la sociedad que la dirige o controla, es decir, la matriz. Esta situación está prohibida por la legislación colombiana, específicamente en el artículo 262 del Código de Comercio, modificado por el artículo 32 de la Ley 222 de 1995.

La Superintendencia de Sociedades en concepto emitido el 21 de marzo de 2024 se pronunció sobre la autorización que la misma entidad concede para que una sociedad por acciones simplificada (SAS) pueda disminuir su capital por la cancelación de acciones readquiridas.

El Artículo 29 de la Resolución CREG 174 de 2021, que regula en Colomba temas relacionados con generación distribuida (GD), la autogeneración a gran escala (AGGE) y la autogeneración a pequeña escala (AGPE) establece normas específicas sobre el fraccionamiento de la capacidad instalada o nominal aplicable a dichas plantas de generación de energía, ya sea con fuente renovable o no renovable.

En el sector de la energía renovable en Colombia, la planificación y ejecución de proyectos de generación y autogeneración de energía están sujetas a rigurosos procesos regulatorios. Uno de estos aspectos críticos es la obtención de la capacidad de transporte (punto de conexión), proceso que se gestiona ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en el marco de la Resolución CREG 075 de 2021.

La Superintendencia de Sociedades, en su Circular Básica Jurídica, establece directrices precisas respecto a la obligación de revelar la situación de control o grupo empresarial que las sociedades o casas matrices tienen sobre otras compañías. En este contexto, enfatiza que es responsabilidad de la matriz o controlante determinar si se cumplen los supuestos que justifican la declaración de la situación de control por subordinación o si se configura la existencia de un grupo empresarial.

Las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades en Colombia se llevan a cabo de manera exhaustiva y sistemática para garantizar el adecuado funcionamiento de las entidades sobre las cuales tiene la facultad de ejercer estas funciones, con el fin de mantener una supervisión continua de las actividades económicas, financieras y administrativas de las empresas del país.

En términos generales, pueden acceder a estos incentivos las personas naturales o jurídicas que sean titulares de nuevas inversiones en nuevos proyectos de fuentes no convencionales de energía (FNCE) y medición y evaluación de los potenciales recursos o acciones y medidas de eficiencia energética, incluyendo los equipos de medición inteligente, en el marco del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales (Proure).

El Acuerdo 009 de 2024 establece los lineamientos generales para la aplicación del artículo 48 de la Ley 160 de 1994, con el objetivo de brindar claridad y garantizar la seguridad jurídica en lo referente a la propiedad privada en el ámbito rural en Colombia. Para ello, se establecen varios puntos importantes que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades administrativas en sus funciones.

En el tejido cultural y espiritual de los pueblos indígenas de Colombia, se entrelazan conceptos fundamentales que definen su relación con el territorio y su participación en decisiones que afectan su entorno. En este blog, exploraremos el significado de la Línea Negra, la importancia de la consulta previa y los derechos de estas comunidades sobre su territorio ancestral.

Esta Resolución realizó cuatro (4) modificaciones e incorporó tres (3) disposiciones nuevas a la normatividad que reglamenta los lineamientos sobre FPO y garantías a los proyectos eléctricos.
Entre las normas modificadas, están el numeral 7 del artículo 4 de la Resolución 40311 de 2020 del MME; el artículo 36 de la Resolución 40590 de 2019, adicionado por el artículo 1 de la Resolución 40345 de 2021 del MME;

En el ámbito del aprovechamiento forestal en Colombia, la búsqueda de claridad en los procedimientos es crucial para garantizar una gestión ambientalmente responsable y legalmente sólida. Uno de los puntos que requiere especial atención es el FORMATO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – FUN, específicamente en lo referente al requisito de la autorización del “PROPIETARIO”.

Tal como fue establecido con anterioridad las Comunidades Energéticas (CE) en Colombia podrán ser constituidas por personas naturales, y/o jurídicas de derecho público o privado que cooperarán entre sí para a través de un contrato o convenio asociativo.
A su vez, las personas que se unan para constituir una comunidades energética, podrán conformar asociaciones y alianzas. En virtud de las asociaciones, dos o más CE podrán asociarse a través de un acuerdo para cooperar en proyectos objeto de la CE.

A continuación compartimos nuestra guía anual de obligaciones corporativas para el año 2024, donde reunimos las principales obligaciones de las empresas y las fechas límite para su cumplimiento.

En el ámbito empresarial y financiero, es crucial comprender las regulaciones que rigen las transacciones entre sociedades matrices y sus sucursales extranjeras. Recientemente, ha surgido un debate sobre la viabilidad de celebrar contratos de mutuo entre una sociedad colombiana en calidad de matriz y su sucursal en el extranjero. En este blog, exploraremos las limitaciones legales que rodean este tipo de operaciones.

La energía eólica offshore o costa afuera se obtiene al aprovechar la fuerza del viento que se produce en alta mar, donde este alcanza una velocidad mayor y más constante debido a la inexistencia de barreras que usualmente se encuentran en tierra.
Colombia cuenta con un gran potencial al estar bordeado por dos océanos y tiene abundantes recursos eólicos, en particular cuenta con un potencial total estimado de 109 GW de energía eólica costa afuera.