El régimen cambiario colombiano establece obligaciones estrictas para las sociedades que reciben inversión extranjera, realizan inversión en el exterior o acceden a endeudamiento externo.
El debate sobre los límites de la intervención estatal en la economía colombiana ha sido constante desde la expedición de la Ley 222 de 1995.
En el documento ampliado explicamos el alcance técnico de cada norma, sus efectos prácticos en la seguridad jurídica de la tierra y las implicaciones estratégicas para el sector de energías renovables.
Este análisis examina la demanda de inconstitucionalidad (D-16791) presentada la de la Agencia Nacional de Tierras, contra el Decreto Ley 902 de 2017, y evalúa el debate sobre la conveniencia de que los procesos agrarios se resuelvan exclusivamente en sede administrativa.
En la carrera por la transición energética, los proyectos de fuentes no convencionales de energía (FNCE) se enfrentan a un reto jurídico común: la interpretación de los planes de ordenamiento territorial. Un reciente fallo del Consejo de Estado sobre el proyecto Celsia Solar Chicamocha arrojó luz sobre cómo debe entenderse la norma urbanística frente a estos desarrollos.
A continuación compartimos nuestra guía anual de obligaciones corporativas para el año 2026, donde reunimos las principales obligaciones de las empresas y las fechas límite para su cumplimiento.
En gobierno corporativo, cerrar rápido las controversias sobre decisiones del máximo órgano social es vital para la seguridad jurídica y la continuidad de los negocios. El ordenamiento colombiano fija una caducidad corta de dos meses para la acción de impugnación
En el gobierno corporativo, la transparencia y la independencia en la toma de decisiones son pilares fundamentales. Sin embargo, en la práctica, las sociedades enfrentan situaciones en las que los administradores pueden tener intereses personales que comprometan su criterio. Estos escenarios, conocidos como conflictos de interés, son especialmente relevantes en juntas directivas, donde se adoptan decisiones estratégicas que impactan directamente el rumbo de la compañía.
Principio general: Ningún predio rural puede ser fraccionado o subdividido por debajo del tamaño mínimo productivo (Unidad Agrícola Familiar – UAF) sin la autorización previa de la autoridad competente, de acuerdo con el uso del suelo y la naturaleza jurídica del bien.
La autorización de datos personales del representante legal en Colombia es clave para cumplir la Ley 1581 de 2012. Conoce cuándo se requiere, sus límites y las directrices de la SIC.