Análisis del Concepto 220-229584 de 2026 de la Superintendencia de Sociedades: convocatoria, mayorías, remoción automática del administrador y riesgos prácticos en sociedades limitadas.
En el ámbito societario colombiano, los poderes para asistir y votar en las reuniones del máximo órgano social, ya sea la asamblea general de accionistas o la junta de socios constituyen un elemento esencial para garantizar la participación efectiva de los asociados. Sin embargo, su otorgamiento, vigencia, revocatoria y efectos han sido objeto de debate doctrinal y jurisprudencial por la Superintendencia de Sociedades y entidades de Control.
Análisis Jurídico de Facultades Excepcionales y Propiedad Rural: Decreto 0174 de 2026
El presente artículo analiza la configuración del objeto ilícito en contratos de compraventa de predios rurales inicialmente adjudicados como baldíos cuando la adquisición supera la Unidad Agrícola Familiar (UAF) del municipio.
El régimen cambiario colombiano establece obligaciones estrictas para las sociedades que reciben inversión extranjera, realizan inversión en el exterior o acceden a endeudamiento externo.
El debate sobre los límites de la intervención estatal en la economía colombiana ha sido constante desde la expedición de la Ley 222 de 1995.
En el documento ampliado explicamos el alcance técnico de cada norma, sus efectos prácticos en la seguridad jurídica de la tierra y las implicaciones estratégicas para el sector de energías renovables.
Realizar un Due Diligence legal en Colombia es un paso crítico en cualquier proceso de inversión, adquisición o estructuración de proyectos, especialmente en sectores regulados como energía, infraestructura y proyectos FNCER.
Este análisis examina la demanda de inconstitucionalidad (D-16791) presentada la de la Agencia Nacional de Tierras, contra el Decreto Ley 902 de 2017, y evalúa el debate sobre la conveniencia de que los procesos agrarios se resuelvan exclusivamente en sede administrativa.
En la carrera por la transición energética, los proyectos de fuentes no convencionales de energía (FNCE) se enfrentan a un reto jurídico común: la interpretación de los planes de ordenamiento territorial. Un reciente fallo del Consejo de Estado sobre el proyecto Celsia Solar Chicamocha arrojó luz sobre cómo debe entenderse la norma urbanística frente a estos desarrollos.