Iniciativas como la analizada va en contravía de los impulsos que requiere el mercado eléctrico Colombiano, pues no se pueden igualar estas nuevas formas de generar energía eléctrica con los métodos convencionales y por el contrario de impulsar a que la iniciativa privada vea atractivo invertir en proyectos que impulsen las FNCER.
En el año 2014, fue aprobada por el Congreso de la República de Colombia la Ley 1715 de 2014, “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”,
La Ley 1715 de 2014 traza una política clara de incentivos para la generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE)
El Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió el Documento CONPES 3875 de 29 de noviembre de 2016 por medio del cual se da “Concepto favorable a la Nación para otorgar garantía al Fondo Empresarial, creado por la Ley 812 de 2003,
Siempre será importante recordar la motivación de las normas que ingresan a un ordenamiento jurídico. En el caso de la Ley 1715 de 2014, Ley colombiana de promoción y fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética en Colombia,
La demanda tradicionalmente participa en el mercado eléctrico bajo un rol pasivo ya que conforme al marco legal del servicio de energía eléctrica colombiano, establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994,
Garantías asociadas al proyecto de expansión del sistema de transmisión nacional (STN)Las garantías otorgadas por los generadores, asociadas al Proyecto de Expansión del STN, buscan garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
Desde el año 2013, las empresas del sector energético han estado atravesando dificultades debido a las variaciones que se han presentado en los precios de los recursos mineros y energéticos.
La política energética de la UE tiene como objetivo reducir la dependencia externa de proveedores específicos, especialmente Rusia, mediante la diversificación de sus recursos energéticos,
La servicios públicos en Colombia, acorde a lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política, pueden ser prestados directamente por el Estado o por los particulares.