A continuación compartimos nuestra guía anual de obligaciones corporativas para el año 2026, donde reunimos las principales obligaciones de las empresas y las fechas límite para su cumplimiento.
En gobierno corporativo, cerrar rápido las controversias sobre decisiones del máximo órgano social es vital para la seguridad jurídica y la continuidad de los negocios. El ordenamiento colombiano fija una caducidad corta de dos meses para la acción de impugnación
En el gobierno corporativo, la transparencia y la independencia en la toma de decisiones son pilares fundamentales. Sin embargo, en la práctica, las sociedades enfrentan situaciones en las que los administradores pueden tener intereses personales que comprometan su criterio. Estos escenarios, conocidos como conflictos de interés, son especialmente relevantes en juntas directivas, donde se adoptan decisiones estratégicas que impactan directamente el rumbo de la compañía.
Principio general: Ningún predio rural puede ser fraccionado o subdividido por debajo del tamaño mínimo productivo (Unidad Agrícola Familiar – UAF) sin la autorización previa de la autoridad competente, de acuerdo con el uso del suelo y la naturaleza jurídica del bien.
La autorización de datos personales del representante legal en Colombia es clave para cumplir la Ley 1581 de 2012. Conoce cuándo se requiere, sus límites y las directrices de la SIC.
La “situación de control” se configura cuando una sociedad está sometida al poder decisorio de otra(s) persona(s), natural(es) o jurídica(s), directa o indirectamente, por medio de participación en capital, votos o por otra forma de influencia dominante.
La sociedad subordinada puede denominarse filial (si el control es directo) o subsidiaria (si el control es indirecto, a través de otras subordinadas).
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA ha dado un paso decisivo hacia la modernización de la regulación sanitaria en Colombia, mediante la expedición de las Resoluciones 2025029237 y 2025029546 de 2025. Estas normas consolidan un nuevo modelo regulatorio procompetitivo, en línea con los estándares de la OCDE, las políticas de simplificación administrativa y transformación digital contenidas en la Ley 2386 de 2024, y los lineamientos del CONPES 4129 de reindustrialización.
El Proyecto de Ley de Financiamiento presentado en 2025 propone una reforma integral al régimen tributario colombiano. Su alcance abarca personas naturales, jurídicas, el sector extractivo, activos digitales y procedimientos sancionatorios.
En un entorno digital cada vez más complejo, la protección de datos personales y la ciberseguridad se han convertido en pilares fundamentales para la sostenibilidad jurídica y operativa de las empresas.
El artículo 90 del Estatuto Tributario colombiano establece los lineamientos para determinar el precio de enajenación de activos con fines fiscales