Fue aprobada la Ley 1873 de 2017 por la cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia Fiscal 2018 que estableció en su artículo 114 lo siguiente:
El Ministerio de Minas y Energíade Colombia publicó para comentarios hasta el 26 de enero de 2018la propuesta de Decreto por el cual se fijan los lineamientos de política pública para la contratación a largo plazo de proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía renovable.
Como en todo proyecto el componente ambiental juega un rol relevante y estratégico. Destacamos dos aspectos claves desde el punto de vista ambiental que deben tenerse en cuenta en los proyectos de generación de energía eléctrica en Colombia.
Hasta el pasado 23 de marzo de 2018 estaba pendiente de ser expedida por el gobierno nacional la norma que establecería el mecanismo de contratación a largo plazo de energía de fuentes renovables y como tal, se definiría la política pública para la promoción de las fuentes de generación de energía con fuentes renovables no convencionales en el país.
Ministerio de Minas y Energía, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, RESOLUCIÓN No. 64 DE 2018, Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución: Por la cual se fija la oportunidad para llevar a cabo la Subasta para la asignación de las Obligaciones de Energía Firme del Cargo por Confiabilidad para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023 y se hacen modificaciones a la Resolución CREG 071 de 2006
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia publicó el 31 de julio de 2018 la Resolución MME 40791 de 2018 “Por la cual se define e implementa un mecanismo que promueva la contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica complementario a los mecanismos existentes en el Mercado de Energía Mayorista” y el 1 de agosto la Resolución MME 40795 de 2018 “Por la cual se convoca a la primera subasta de contratación a largo plazo de energía eléctrica y se definen los parámetros de su aplicación“.
Son muy evidentes las ventajas que las tecnologías de la información brindan para la simplificación de los procedimientos administrativos ante entidades públicas. Los nuevos procedimientos electrónicos que ha implementado el Estado les permite a los ciudadanos obtener respuesta efectiva a solicitudes de distinta complejidad en un tiempo reducido y con un esfuerzo mucho menor.
Como es bien conocido, la prestación de los servicios públicos en Colombia antes de la promulgación de la Constitución de 1991 radicaba principalmente en cabeza del Estado, demostrando históricamente deficiencias en temas de cobertura y calidad. La Constitución de 1991 entregó herramientas que permitieron a los particulares participar en proyectos de infraestructura y servicios públicos dado el importante esfuerzo fiscal que representa la inversión pública.
La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) publicó el PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2016 – 2021, el cual se propone en el marco de la formulación de la política de eficiencia energética para Colombia. Esta propuesta se encuentra en comentarios hasta el viernes 5 de diciembre de 2016.
El Senador José David Name Cardozo, radicó el Proyecto de Ley 183 de 2016 “Por medio del cual se adoptan medidas para asegurar la disponibilidad energética del país” a través del cual se proponen modificaciones al límite de participación en el mercado de cada una de las actividades de la cadena energía eléctrica.