Por: Axel David Murillo – Estudio Legal Hernández
Estudio señala que la industria del cannabis legal debe buscar y aprovechar las posibilidades que ofrece la energía renovable no convencional.
Las altas expectativas que se tienen para que Colombia se convierta en uno de los principales productores y exportadores de insumos y medicamentos a base de cannabis legal, con un mercado global que podría alcanzar los US$146.000 millones para el año 2025, según un informe de Grand View Research (Dinero, 2019), representa una oportunidad única para la industrialización de este sector en el país. Esta perspectiva de crecimiento para la naciente agroindustria del cannabis legal en Colombia, se enmarca necesariamente en una agenda ambiental dominada por la preocupación por el cambio climático, lo cual avala aún más la alternativa que representa el cultivo de cannabis legal para contrarrestar el calentamiento global: entre otros factores, porque permite sustituir materiales derivados de la explotación forestal y porque a partir de su biomasa se puede producir combustible de excelente calidad.
Estos y muchos otros, son los beneficios que puede generar el desarrollo de proyectos con cannabis legal, aunados al uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Lo anterior se hace evidente en un reciente informe titulado “A Greener Green: Solar Power The Best Option For Cannabis Sustainability”, publicado por la escritora y activista norteamericana Sarah Ratliff. Según la autora, la energía solar en particular podría marcar una diferencia sustancial en la forma en que las instalaciones de cultivo de cannabis impactan el medio ambiente. La activista norteamericana también afirma que las prácticas de consumo de energía empeorarán a medida que se extienda la legalización y el cultivo de cannabis a gran escala, al estimar un estudio según el cual la demanda de electricidad de los cultivadores legales de cannabis legal en Estados Unidos, aumentaría hasta en un 162 por ciento entre 2017 y 2022.
La revista Energy Policy ya se había referido al tema cuando publicó un artículo en su edición de julio de 2012, que abordaba el uso de electricidad de las instalaciones de cultivo de cannabis en interiores, tanto legales como ilícitas. Ese año, un estudio patrocinado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, encontró que el cultivo de cannabis en interiores consumía la energía suficiente para satisfacer la demanda de 1.7 millones de hogares estadounidenses. Para hacerse una idea del consumo de energía que implica esta actividad, una planta de cultivo de cannabis legal de 5,000 pies cuadrados[1], requiere más de 40,000 kilovatios-hora de electricidad mensualmente. Poniendo esto en perspectiva, el consumidor promedio de servicios residenciales en EE. UU utiliza menos de 900 kilovatios-hora de electricidad en el mismo período, pagando precios que oscilan entre 8 y 17 centavos de dólar por kilovatio-hora. Como resultado, el cultivador comercial de cannabis legal con una instalación de alrededor de 5,000 pies cuadrados, puede gastar entre US$ 38,000 y US$ 82,000 por año, solo en costos de electricidad.
En contraste, la energía solar ofrece una alternativa rentable a los combustibles fósiles para los cultivadores de cannabis legal, según Ratliff, pues una vez que se paga el costo del equipo, una empresa con paneles solares podría tener acceso a electricidad gratuita durante muchos años más. A esto se debe agregar la utilidad de las posibles compensaciones por los costos de la red, y que los productores que agregan energía solar a sus propiedades podrían ganar una ventaja sobre la competencia. En general, la integración de paneles solares le permitiría a los productores de cannabis legal disfrutar de una significativa reducción en los costos de energía, además de contribuir a reducir significativamente su huella de carbono.
También es cierto que actualmente la capacidad de producción de FNCER en Colombia no alcanzaría para cubrir las necesidades energéticas de los cultivadores de cannabis legal. Según los datos que arroja el Balance Energético Colombiano (BECO) sobre producción y ventas de biodiesel para el período 2015 – Junio 2018, esta se ha mantenido apenas entre 300 y 400 miles de barriles; y la capacidad efectiva de generación de combustible por medio de biomasa en el mismo período, incluyendo menores y cogeneradores, es la más baja comparada con los demás tipos de combustible (UPME, 2018). Sin embargo, hay cifras que deben alentar la convergencia entre el mercado del cannabis legal y las FNCER en el país: de acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (ACOLGEN), en el sistema interconectado colombiano durante el año 2017 se generaron 66.665,82 GWh de energía eléctrica, de los cuales un 87% se generó a partir de Energías Renovables. A esto se suma el logro histórico de la reciente subasta de energía renovable, donde se asignaron responsabilidades de generación a 8 proyectos adjudicados con una capacidad efectiva total de 1.298 MWh, 5 de ellos eólicos y 3 solares. Además, fueron asignadas 7 empresas generadoras y 22 comercializadoras.
Las posibilidades para la integración de FNCER y los beneficios tributarios que permite la Ley 1715 del 2014, entre otras alternativas (Prima verde , contrato pague lo generado, contrato pague lo contratado) han generado un entorno ideal para la convergencia entre el sector del cannabis legal y las FNCER, que podría tener un impacto aún mayor si se combina con otros pasos para aumentar la eficiencia energética, como la instalación de iluminación LED y una mayor integración de tecnologías inteligentes. Un impacto que sería relevante para efectos de mitigar los cambios climáticos extremos, diversificar la matriz energética y aumentar la eficiencia energética por medio de la sustitución de combustibles.
La convergencia entre el sector del cannabis legal y las FNCER es además sumamente relevante para efectos de cumplir con los compromisos adquiridos en la COP 21: 20% de emisiones GEI para el año 2030. Y sin duda alguna, para acercarnos al cumplimiento de los logros del marco de sustentabilidad que definen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsable, acción por el clima y alianzas para lograr objetivos, entre otros.
Las demoras en el otorgamiento de las licencias y otros obstáculos que se vienen presentando en este sector en Colombia, aunque parecen ir en contravía del movimiento global de renovación de las regulaciones, políticas y prácticas referentes al cannabis, parecen pequeños detalles ante las grandes cifras que se estiman para el mercado global del cannabis legal en el corto plazo, que podría alcanzar en 2020 un volumen de 150 mil millones de USD. Entonces, más allá de cualquier especulación o brote de optimismo ciego, todo hace pensar que las expectativas que se han concentrado en este sector tienen las mayores posibilidades para convertirse en una realidad.
[1] Esta medida equivale aproximadamente a las 0.5 hectáreas que define la diferencia entre pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores nacionales de cannabis medicinal en Colombia, según la Resolución 0579 de 2017, Ministerio de justicia y del Derecho).
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