Legislación Agraria 2025 en Colombia: claves jurídicas para el desarrollo rural y energético
Durante 2025, Colombia consolidó una transformación estructural en materia de derecho agrario y tierras. Las nuevas normas no solo redefinen el acceso, uso y distribución de la tierra, sino que impactan directamente la viabilidad jurídica de proyectos de infraestructura y energías renovables en zonas rurales.
La Ley 2539 de 2025 incorpora a las juventudes rurales como sujetos prioritarios de reforma agraria, ampliando el universo de beneficiarios y fortaleciendo la permanencia territorial. Esto genera nuevas dinámicas de propiedad y organización rural que deben ser consideradas en la estructuración de proyectos energéticos comunitarios.
La implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural introduce jueces especializados para resolver conflictos sobre propiedad, posesión, baldíos y formalización. Este cambio reduce la incertidumbre histórica en la tenencia de la tierra, elemento crítico para inversiones solares, eólicas y de biomasa.
Por su parte, el Decreto 797 de 2025 y el Decreto 0033 de 2025 agilizan la dotación y adquisición de predios para reforma agraria, modificando los tiempos y esquemas de acceso a tierra rural, lo que impacta directamente la planeación territorial de proyectos productivos y energéticos.
En paralelo, los Acuerdos 530 y 488 de 2025 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) establecen reglas claras sobre servidumbres en bienes baldíos y la consolidación de Zonas de Reserva Campesina. Estas normas son estratégicas para la estructuración legal de infraestructura energética, líneas de transmisión y esquemas de autogeneración en territorios rurales.
En conjunto, el marco normativo 2025 fortalece los derechos campesinos y la función social y ecológica de la propiedad, al tiempo que exige mayor rigor jurídico en la estructuración, adquisición y desarrollo de proyectos en suelo rural.
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