En gobierno corporativo, cerrar rápido las controversias sobre decisiones del máximo órgano social es vital para la seguridad jurídica y la continuidad de los negocios. El ordenamiento colombiano fija una caducidad corta de dos meses para la acción de impugnación
En el gobierno corporativo, la transparencia y la independencia en la toma de decisiones son pilares fundamentales. Sin embargo, en la práctica, las sociedades enfrentan situaciones en las que los administradores pueden tener intereses personales que comprometan su criterio. Estos escenarios, conocidos como conflictos de interés, son especialmente relevantes en juntas directivas, donde se adoptan decisiones estratégicas que impactan directamente el rumbo de la compañía.
El Proyecto de Ley de Financiamiento presentado en 2025 propone una reforma integral al régimen tributario colombiano. Su alcance abarca personas naturales, jurídicas, el sector extractivo, activos digitales y procedimientos sancionatorios.
En un entorno digital cada vez más complejo, la protección de datos personales y la ciberseguridad se han convertido en pilares fundamentales para la sostenibilidad jurídica y operativa de las empresas.
El artículo 90 del Estatuto Tributario colombiano establece los lineamientos para determinar el precio de enajenación de activos con fines fiscales
En el contexto del derecho societario colombiano, la participación del revisor fiscal en reuniones de órganos sociales y el proceso de elaboración y aprobación de actas son aspectos que generan inquietudes frecuentes en la práctica empresarial.
En el ámbito corporativo, la figura del representante legal suplente suele generar interrogantes sobre su capacidad para actuar en nombre de la sociedad, especialmente en situaciones donde el representante legal principal no está presente. ¿Es necesario acreditar su ausencia? ¿Puede el suplente firmar contratos sin una constancia formal? Este artículo aborda estas inquietudes a la luz de la doctrina de la Superintendencia de Sociedades y la normativa vigente.
En Colombia, los procesos empresariales como la disolución, fusión, escisión, reorganización, reestructuración, liquidación o insolvencia no solo tienen implicaciones societarias y financieras, sino también ambientales. La Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, establece un marco normativo robusto que impone deberes específicos a las empresas y sus representantes frente a las autoridades ambientales, incluso en contextos de crisis empresarial.
En el ámbito del derecho societario colombiano, la oferta de acciones y su correcta formulación es un tema de gran relevancia, especialmente cuando se trata de respetar los derechos de los accionistas y garantizar la transparencia en la negociación de títulos. El Código de Comercio, en sus artículos 845 y siguientes, establece los principios fundamentales que rigen la oferta como acto jurídico.
Con la aprobación en cuarto debate por parte de la Cámara de Representantes, y a la espera únicamente de la conciliación, el Proyecto de Ley que establece el pacto arbitral ejecutivo avanza con paso firme hacia su promulgación. Esta iniciativa representa un hito en la transformación del sistema judicial colombiano, al introducir el arbitraje institucional como una vía alternativa para tramitar procesos ejecutivos.