El presente artículo analiza la configuración del objeto ilícito en contratos de compraventa de predios rurales inicialmente adjudicados como baldíos cuando la adquisición supera la Unidad Agrícola Familiar (UAF) del municipio.
Este análisis examina la demanda de inconstitucionalidad (D-16791) presentada la de la Agencia Nacional de Tierras, contra el Decreto Ley 902 de 2017, y evalúa el debate sobre la conveniencia de que los procesos agrarios se resuelvan exclusivamente en sede administrativa.
En la carrera por la transición energética, los proyectos de fuentes no convencionales de energía (FNCE) se enfrentan a un reto jurídico común: la interpretación de los planes de ordenamiento territorial. Un reciente fallo del Consejo de Estado sobre el proyecto Celsia Solar Chicamocha arrojó luz sobre cómo debe entenderse la norma urbanística frente a estos desarrollos.
Principio general: Ningún predio rural puede ser fraccionado o subdividido por debajo del tamaño mínimo productivo (Unidad Agrícola Familiar – UAF) sin la autorización previa de la autoridad competente, de acuerdo con el uso del suelo y la naturaleza jurídica del bien.
El Acuerdo 009 de 2024 establece los lineamientos generales para la aplicación del artículo 48 de la Ley 160 de 1994, con el objetivo de brindar claridad y garantizar la seguridad jurídica en lo referente a la propiedad privada en el ámbito rural en Colombia. Para ello, se establecen varios puntos importantes que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades administrativas en sus funciones.
En el ámbito del aprovechamiento forestal en Colombia, la búsqueda de claridad en los procedimientos es crucial para garantizar una gestión ambientalmente responsable y legalmente sólida. Uno de los puntos que requiere especial atención es el FORMATO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – FUN, específicamente en lo referente al requisito de la autorización del “PROPIETARIO”.
En el ámbito legal, es importante comprender la distinción entre la imposición de servidumbre y la expropiación, así como los requisitos necesarios para llevar a cabo cada uno de estos procesos. En el caso específico de la imposición..
La consulta previa en Colombia es un proceso mediante el cual los pueblos y comunidades indígenas, afrocolombianos y roms son consultados y tienen derecho a participar en la toma de decisiones y planificación de proyectos que afecten sus territorios, vida, cultura y derechos humanos.
Muchos de los promotores y desarrolladores de proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energía, se han visto enfrentados a las diferentes interpretaciones que tienen las diferentes autoridades ambientales respecto de si se requiere o no licencia ambiental, según la capacidad instalada de la planta de generación.
Es una figura que nace a partir de la identificación de superposición de proyectos en el marco del trámite del licenciamiento ambiental (Decreto 2041 de 2014 acogido por el Decreto 1076 de 2015), para lo cual, será potestativo de la autoridad ambiental, otorgar licencia ambiental a proyectos que se superpongan total o parcialmente con otros proyectos que ya cuenten con licencia ambiental…