Por: Juanita Hernandez Vidal – Estudio Legal Hernández
Asignación de capacidad de transporte 2023-2025: una crisis de administración y comunicación
En la última década, Colombia se ha posicionado como un referente en energías renovables, atrayendo inversión y fomentando el desarrollo de proyectos. Sin embargo, esta rápida expansión ha evidenciado un problema estructural: la capacidad de transporte en las redes eléctricas se ha agotado y el Estado no ha logrado reaccionar de manera oportuna ni comunicar una estrategia clara para abordar esta crisis.
Proyectos priorizados 2025.
Desde hace varios meses, la UPME ha venido publicando el listado de proyectos clase 1 en distintas subáreas del país (Boyacá, Casanare, Santander, Norte de Santander, Arauca, Cauca y Nariño). No obstante, el número de proyectos priorizados es sorprendentemente bajo en comparación con la cantidad de solicitudes recibidas. Hasta la fecha, se estima que alrededor de 800 proyectos han sido rechazados.
Un caso particularmente crítico es el del departamento de Boyacá, donde solo se priorizó un pequeño proyecto de Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) de 4 MW. Este panorama refleja la falta de una política clara y objetiva para la asignación de capacidad, lo que genera incertidumbre en el sector y dificulta la planeación de nuevas inversiones.
Recursos de reposición del 2023: ¿una felicidad amarga?
En la asignación de capacidad de marzo de 2023, numerosos promotores presentaron recursos de reposición tras recibir respuestas negativas a sus solicitudes. En su momento, la mayoría de estos recursos fueron desestimados. Sin embargo, recientemente, la UPME ha comenzado a aceptar algunos de ellos, lo que representa un reconocimiento a los argumentos planteados por los desarrolladores.
A pesar de ser una noticia positiva desde el punto de vista legal, esta situación plantea un dilema para los promotores. Muchos de ellos ya habían descartado sus proyectos tras casi dos años de inactividad. Durante este tiempo, no pudieron avanzar en hitos clave como el licenciamiento ambiental, la adquisición de predios o el desarrollo técnico. Además, las condiciones regulatorias, financieras y jurídicas han cambiado significativamente, lo que podría afectar la viabilidad de los proyectos. Un aspecto adicional a considerar es la necesidad de contar con los recursos para la garantía líquida ante XM, un requerimiento que no había sido contemplado por muchos desarrolladores.
Inseguridad jurídica y su impacto en la inversión.
La crisis del sistema de transmisión en Colombia no es un problema nuevo, pero las decisiones adoptadas en los últimos meses han agravado la situación. La falta de reglas claras, objetivas y de decisiones oportunas ha convertido la planeación de proyectos en un reto cada vez más complejo. Además, el país enfrenta un riesgo creciente de desabastecimiento eléctrico debido a la limitada entrada en operación de nuevos MW en los próximos años.
El sector eléctrico es estratégico y debe ser gestionado con visión y dirección. No es viable avanzar con decisiones tardías, inaplicables o irreales, ni con procesos administrativos que generan más incertidumbre que confianza. La estabilidad del sistema depende de la implementación de políticas claras y oportunas que den señales de certidumbre a inversionistas y promotores.
Nunca es tarde para corregir el rumbo y establecer una estrategia que garantice un desarrollo sostenible y eficiente del sector energético en Colombia.
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