Por: Estudio Legal Hernández

Liquidación de contratos estatales: ¿cuándo empieza la caducidad?

Liquidación de contratos estatales sometidos al derecho privado: el Consejo de Estado precisa cuándo empieza a correr la caducidad del medio de control de controversias contractuales

Una reciente decisión del Consejo de Estado advierte que en los contratos estatales sometidos al derecho privado, el término de caducidad no necesariamente incluye los dos meses adicionales previstos para la liquidación unilateral. La existencia de una facultad contractual expresa para liquidar unilateralmente puede cambiar el punto de partida del cómputo y, por tanto, determinar la oportunidad de una eventual reclamación judicial.

En sentencia del 21 de septiembre de 2026, la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado (radicado 52001-23-33-000-2018-00209-01, expediente 72.738), abordó un asunto de especial relevancia para la contratación de entidades estatales sometidas a regímenes contractuales de derecho privado: la determinación del momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando el contrato contempla un plazo convencional para su liquidación bilateral, pero no atribuye a la entidad contratante la facultad de efectuarla unilateralmente.

La providencia desarrolla tres aspectos relevantes: la vinculación de la entidad pública cuando actúa a través de un mandatario, la determinación del régimen jurídico aplicable al contrato y, especialmente, las consecuencias que tiene la ausencia de una facultad expresa de liquidación unilateral sobre el cómputo de la caducidad.

1. El mandato y la vinculación de la entidad pública desde la celebración del contrato

El caso tuvo origen en un contrato de obra celebrado el 21 de noviembre de 2014 entre PSI Productos y Servicios de Ingeniería S.A.S. y la Asociación Nariñense de Ingenieros, cuyo objeto era la construcción de una institución prestadora de servicios de salud en el municipio de La Tola, Nariño.

La Asociación suscribió el contrato actuando expresamente como mandataria del Fondo Adaptación. Posteriormente, mediante un contrato celebrado en 2015, se formalizó la subrogación del Fondo en la posición contractual de la Asociación.

Al analizar esta estructura, el Consejo de Estado acudió a los artículos 2142 y 2177 del Código Civil, relativos al contrato de mandato, y precisó que cuando el mandatario actúa en nombre del mandante, este último queda vinculado frente a terceros por los negocios celebrados en su representación.

En consecuencia, la Sala concluyó que, como la Asociación había revelado expresamente su condición de mandataria del Fondo Adaptación al celebrar el contrato de obra, la entidad pública ocupó desde el origen la posición de contratante. Por ello, el posterior contrato de subrogación resultó redundante para efectos de establecer su vinculación obligacional.

Implicación práctica: cuando una entidad pública estructura su contratación mediante un mandatario, resulta fundamental identificar con claridad, desde los documentos precontractuales y el propio contrato, en nombre de quién se actúa y quién asumirá la posición contractual. Esta definición puede tener consecuencias jurídicas relevantes frente a terceros.

2. El régimen contractual determina las reglas aplicables a la liquidación

Uno de los aspectos centrales del análisis consistió en establecer si el contrato estaba sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o al derecho privado.

El Consejo de Estado recordó que el artículo 7 del Decreto 4819 de 2010, mediante el cual se creó el Fondo Adaptación, estableció un régimen contractual de derecho privado para los contratos celebrados por dicha entidad en cumplimiento de su objeto.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-251 de 2011, condicionó la exequibilidad de esa disposición a que dicho régimen especial tuviera vigencia únicamente hasta el 31 de diciembre de 2014, inclusive.

Como el contrato objeto de controversia se había celebrado el 21 de noviembre de 2014, la Sala concluyó que estaba sometido al derecho privado.

Esta precisión fue determinante, pues permitió establecer cuáles reglas debían utilizarse para definir el momento en que debía entenderse vencido el plazo para liquidar el contrato y, consecuentemente, cuándo comenzaba a correr el término de caducidad.

La decisión evidencia que la naturaleza pública de una de las partes no implica, por sí sola, que todos sus contratos estén sometidos al Estatuto General de Contratación. La identificación del régimen jurídico aplicable es indispensable para determinar las reglas que gobiernan la relación contractual.

3. La facultad de liquidación unilateral debe pactarse expresamente

Este es, sin duda, el principal aporte de la providencia.

El contrato de obra establecía que debía liquidarse dentro de los 45 días siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. Sin embargo, no contemplaba expresamente la facultad del Fondo Adaptación de efectuar unilateralmente dicha liquidación.

Al respecto, el Consejo de Estado precisó que, para efectos del artículo 164, numeral 2, literal j), ordinal v), del CPACA, en los contratos sometidos al derecho privado y sujetos a liquidación, el término de caducidad se contabiliza desde la liquidación o desde el momento en que esta debió efectuarse de mutuo acuerdo.

En particular, la Sala señaló que no era procedente adicionar automáticamente los dos meses previstos legalmente para la liquidación unilateral, dado que dicho término resulta aplicable a:

  • Los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
  • Los contratos sometidos al derecho privado en los que las partes hayan atribuido expresamente a la entidad pública contratante la facultad de efectuar la liquidación unilateral.

La providencia también enfatizó que las facultades contractuales de carácter unilateral deben pactarse de manera expresa, inequívoca y suficientemente clara, de forma que evidencien el consentimiento previo de los contratantes y no den lugar a interpretaciones equívocas.

Por consiguiente, la sola existencia de una cláusula que establezca un procedimiento o plazo para la liquidación bilateral no habilita a la entidad pública para realizarla unilateralmente ni permite incorporar automáticamente los dos meses adicionales al cómputo de la caducidad.

4. ¿Cómo se aplicó esta regla al caso concreto?

La aplicación de estos criterios tuvo consecuencias determinantes para el contratista.

En el caso analizado, el plazo de ejecución contractual venció el 26 de noviembre de 2015. A partir del día siguiente comenzó a correr el término convencional de 45 días calendario para efectuar la liquidación bilateral, el cual finalizó el 10 de enero de 2016.

Al no haberse pactado la facultad de liquidación unilateral, el término de caducidad debía contabilizarse tomando como referencia el vencimiento de ese plazo, sin adicionar los dos meses previstos para dicha modalidad de liquidación.

Conforme al cálculo efectuado por la Sala, la demanda debía presentarse, a más tardar, el 11 de enero de 2018. Aunque el contratista acudió a conciliación extrajudicial el 15 de diciembre de 2016, lo que suspendió el término de caducidad, este se reanudó el 24 de febrero de 2017 y venció el 21 de marzo de 2018.

Sin embargo, la demanda fue presentada el 18 de mayo de 2018, cuando el término ya había expirado.

En consecuencia, el Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada de oficio la excepción de caducidad, de conformidad con el artículo 187 del CPACA.

Es importante destacar que la Sala efectuó incluso un cálculo alternativo considerando que los 45 días convencionales fueran hábiles, y concluyó que, aun bajo esa interpretación, la demanda se había presentado extemporáneamente.

5. Recomendaciones para la estructuración y administración contractual

Esta decisión deja varias enseñanzas para las entidades públicas y los contratistas que participan en relaciones contractuales sometidas al derecho privado:

Primera. Identificar el régimen jurídico antes de definir las reglas de liquidación. No debe asumirse que las disposiciones del Estatuto General de Contratación Pública se aplican automáticamente a todos los contratos celebrados por entidades estatales. Es necesario verificar el régimen legal particular de cada entidad y del contrato.

Segunda. Regular expresamente la liquidación unilateral. Si las partes pretenden que la entidad contratante pueda efectuar la liquidación unilateral y que esta circunstancia tenga incidencia en el cómputo de la caducidad, deben incorporar una estipulación expresa, clara e inequívoca que atribuya dicha facultad. No es suficiente establecer un plazo para intentar la liquidación bilateral.

Tercera. Verificar cuidadosamente los plazos contractuales. Es indispensable identificar la fecha efectiva de terminación del plazo de ejecución, el término convencional de liquidación y las reglas aplicables al cómputo de los días pactados. Estos elementos pueden determinar el inicio del término de caducidad.

Cuarta. No confundir las gestiones de reclamación con la conservación indefinida de las acciones judiciales. Las reclamaciones contractuales, las solicitudes de reconocimiento económico y las negociaciones entre las partes no sustituyen el ejercicio oportuno del medio de control. Asimismo, debe verificarse el efecto suspensivo de la conciliación extrajudicial y el momento en que se reanuda el término correspondiente.

Conclusión

La sentencia del Consejo de Estado constituye un llamado de atención sobre la importancia de la técnica contractual y la gestión oportuna de las controversias.

En los contratos estatales sometidos al derecho privado, la liquidación no es un asunto meramente formal: sus condiciones pueden determinar el momento a partir del cual comienza a correr el término de caducidad para acudir a la jurisdicción.

Por ello, tanto las entidades contratantes como los contratistas deben prestar especial atención a la redacción de las cláusulas de liquidación, particularmente cuando se pretenda atribuir facultades unilaterales, y mantener un control riguroso de los términos legales y convencionales.

Una cláusula de liquidación correctamente estructurada no solo facilita el cierre de la relación contractual, sino que también contribuye a prevenir controversias sobre la oportunidad del ejercicio de los derechos de las partes.

Fuente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de septiembre de 2026. Radicado 52001-23-33-000-2018-00209-01 (72.738). Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez.

 

 

 

 

 

 

 

 

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