FINANCIAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA

Financiamiento de proyectos de energía renovable en América Latina y Colombia: perspectiva financiera y legal

Antecedentes y marco teórico

América Latina y el Caribe han avanzado hacia una matriz eléctrica cada vez más limpia. Según estimaciones recientes, alrededor del 60 % de la electricidad generada en la región proviene de fuentes renovables (hidroeléctrica, eólica, solar). Este liderazgo renovable –que duplica el promedio mundial– responde a la abundancia de recursos naturales y a políticas públicas de incentivo (subastas, exenciones, obligaciones de energía firme, etc.). Sin embargo, para cumplir con compromisos climáticos (por ejemplo, triplicar capacidad renovable para 2030) se requieren inversiones masivas: la CEPAL y la IEA estiman que la región debe invertir anualmente un porcentaje elevado de su PIB en energías limpias, multiplicando por cuatro las inversiones actuales en el quinquenio 2026‑2030.

El marco regulatorio ha evolucionado en paralelo. Muchos países dictaron leyes y políticas específicas para las fuentes no convencionales (FNCER). En Colombia, la Ley 1715 de 2014 estableció incentivos tributarios y mecanismos de integración de renovables al SIN. Recientemente, la Ley de Transición Energética y decretos como “LASolar” (2025) han agilizado permisos y ampliado beneficios fiscales (deducción del 50% de inversión, IVA y aranceles cero, depreciación acelerada, etc.). Estos incentivos buscan impulsar la diversificación de la matriz hacia eólica y solar, reduciendo la dependencia hídrica y de combustibles fósiles. No obstante, persisten desafíos regulatorios: marcos heterogéneos entre países, demoras en licencias ambientales y riesgo político pueden encarecer o desmotivar proyectos. Las entidades financieras suelen exigir cláusulas de estabilización y seguros políticos para mitigar el riesgo regulatorio, y “coberturas cambiarias, blended finance y garantías soberanas” para reducir el costo del capital.

Los mecanismos de financiamiento típicos incluyen estructuras de proyecto (project finance), bonos verdes/sostenibles y alianzas público-privadas. En el project finance, el proyecto se financia con deuda fuera del balance del promotor y el repago depende exclusivamente de los ingresos del proyecto. Así, son clave los contratos asociados (obras civiles, O&M, venta de energía) y la capacidad de generar flujos predecibles. Los Power Purchase Agreements (PPA) o contratos de compraventa de energía fijan precio y plazos, y son esenciales para asegurar ingresos estables. Un PPA “asegura ingresos estables” transfiriendo riesgos de demanda del generador al comprador. Los PPA pueden ser físicos (entrega directa de energía) o financieros (cobertura de precio sin entrega física real). Otro modelo contractual frecuente es el BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) o concesión integral, donde el privado construye, opera y luego transfiere la planta al Estado. Aunque no se dispone de una cita en este texto, se entiende que estos esquemas PPP permiten atraer inversión privada en infraestructuras de largo plazo.

Adicionalmente, los bonos verdes y sostenibles han surgido como canal relevante. Entre 2014 y 2024, la región emitió más de USD 164 000 millones en bonos verdes/sociales/sostenibles, contribuyendo a financiar proyectos renovables y otras iniciativas climáticas. Sin embargo, sólo cerca del 10 % de esos bonos destinó fondos directamente al sector energético renovable.

En este contexto surgen conceptos clave como la bancabilidad y el riesgo regulatorio. La bancabilidad se refiere al atractivo de un proyecto para los financiadores: debe ofrecer “certeza, constancia y predictibilidad de ingresos” suficiente para repagar deuda. Un contrato bancable distribuye riesgos de modo que satisfaga a los prestamistas. El nivel de bancabilidad incide directamente en el costo y la viabilidad del crédito. En resumen, un proyecto “bancable” combina un marco contractual sólido (PPA, EPC, O&M, etc.) con mitigadores de riesgo (garantías, seguros, garantías estatales).

Experiencias recientes y tendencias en América Latina y Colombia

En los últimos años se han estructurado numerosos proyectos ejemplares. En Colombia, por ejemplo, BID Invest y Bancolombia acordaron en 2022 un préstamo conjunto cercano a COP 656 000 millones (~USD 130 millones) para desarrollar dos grandes parques solares (108 MW y 144 MW) en La Guajira y Córdoba. Este financiamiento bien dio incluidos recursos concesionales del Programa de Infraestructura Sostenible del Reino Unido (UK SIP) en moneda local, lo cual amplió el plazo de deuda más allá de los PPA adjudicados en subasta. También en Colombia, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgó en 2024 un crédito de USD 300 millones (convertidos en pesos locales con cobertura cambiaria) a Enel Colombia para financiar plantas fotovoltaicas (≈486 MW: parques Guayepo I y II) y mejoras en la red de distribución. Este préstamo, respaldado parcialmente por la italiana SACE, ejemplifica cómo los bancos multilaterales europeos apoyan proyectos renovables mediante instrumentos innovadores (préstamos sintéticos, garantías de exportación).

A nivel multilateral, el Banco Mundial aprobó en 2022 un financiamiento de USD 1000 millones a Colombia para fomentar la transición energética de baja huella de carbono, explicitando el objetivo de aumentar la capacidad de FNCER (incluido hidrógeno verde). En 2025, CAF anunció una línea de acción estratégica: USD 10 000 millones de financiamiento para “transición energética justa” antes de 2030. Por su parte, bancos de desarrollo nacionales como Bancóldex han lanzado líneas de crédito blandas para energía solar (p.ej. “Energía Solar se Reactiva” con COP 70 000 millones en plazos largos).

Otro canal emergente es la movilización de capital institucional. Se crean vehículos de inversión para fondos de pensiones y aseguradoras regionales, que agrupan carteras renovables con gobernanza clara. Asimismo, la monetización de flujos futuros se está explorando: los PPA de largo plazo se convierten en colaterales para financiamiento competitivo sin tocar balance soberano. Instrumentos basados en resultados verdes (bonos vinculados a indicadores de desempeño) están ganando tracción en Colombia y la región, aunque aún representan una pequeña fracción del mercado global.

A nivel normativo, la Ley 1715/2014 y sus reglamentaciones han incentivado con exenciones tributarias importantes, pero recientes reformas han profundizado estos beneficios. En la reforma tributaria de 2024 se creó un “Bono de Transición Energética” negociable (deducción del 50 % de la inversión). Los incentivos incorporan exención de IVA y aranceles, depreciación acelerada, deducciones en renta, y reducciones tarifarias iniciales, factores clave para atraer inversión privada.

Instrumentos como subastas han demostrado alta efectividad para expandir la capacidad renovable. Al menos 15 países de la región han celebrado licitaciones de energía limpia (destacando Brasil, Uruguay, Chile, México, Perú, Colombia, etc.), logrando despliegues masivos de eólica y solar. Estas subastas tienden a reducir costos unitarios y a diversificar la matriz energética. En Colombia, por ejemplo, las rondas de asignación de energías renovables (por OEF) han permitido planificar nuevos proyectos renovables a tarifas competitivas.

No obstante, persisten obstáculos frecuentes. La volatilidad macroeconómica, las devaluaciones de moneda y la incertidumbre política son barreras reconocidas que encarecen el financiamiento. El BID destaca que “marcos regulatorios heterogéneos” y demoras en permisos desalientan al capital privado. Además, la falta de garantías estatales en algunos casos eleva el riesgo país y la necesidad de seguros. La bancabilidad de los contratos PPA sigue siendo crítica: exigencias como cláusulas de fuerza mayor bien definidas, requisitos de despacho, cláusulas de resolución, y acuerdos directos con prestamistas (direct agreements) se consideran “requisitos de bancabilidad” indispensables en estructuras de project finance.

Entre buenas prácticas emergentes destacan los modelos de financiamiento mixto y colaborativo. El blended finance (combinación de capital concesional y comercial) permite que proyectos innovadores (almacenamiento, eólica offshore, hidrógeno) se vuelvan viables y atraigan recursos privados. La cooperación internacional se ejemplifica en mecanismos como los canjes de deuda por inversión climática (según CEPAL) o la estructura del UK SIP, que canaliza libras esterlinas a proyectos de infraestructura sostenible en la región. Adicionalmente, la digitalización financiera (blockchain, fintech rurales) abre esquemas de pago por uso y financiamiento comunitario, especialmente en zonas no interconectadas.

En síntesis, la región y Colombia cuentan con marcos legales adecuados y una creciente variedad de instrumentos financieros. La experiencia reciente muestra proyectos escalables mediante financiamiento estructurado (“estructuras sin recurso”), bonos verdes, subastas eficaces y cooperación público-privada. No obstante, la consolidación de esta tendencia depende de garantizar la certidumbre jurídica y la continuidad de los incentivos, así como de diversificar las fuentes de recursos (desde fondos institucionales hasta soluciones fintech) para cerrar la brecha de inversión que la transición energética demanda.

Conclusiones y recomendaciones

Los hallazgos clave indican que América Latina y Colombia han emprendido una transición renovable robusta, apoyada en mecanismos financieros innovadores, pero aún requiere mayores flujos de capital y mejoras regulatorias para ser sostenible. Se concluye que: (i) los instrumentos analizados (project finance, bonos verdes, blended finance, subastas) han probado su eficacia para movilizar inversión en el sector; (ii) la bancabilidad de proyectos depende crucialmente de marcos jurídicos predecibles y contratos sólidos que mitiguen riesgos comerciales y regulatorios; y (iii) la participación de entidades multilaterales, fondos verdes e inversionistas institucionales ha sido decisiva, pero debe escalarse mediante alianzas público-privadas más agresivas.

Como recomendaciones normativas se proponen: fortalecer la estabilidad regulatoria (p. ej. cláusulas de garantía de ingresos, despacho prioritario y marcos de largo plazo); armonizar criterios entre entidades involucradas (licencias, normas ambientales, obligaciones de despacho) para reducir demoras; y expandir incentivos fiscales (como extensiones del Bono de Transición y deducciones tributarias) asegurando su permanencia ante cambios políticos. En el ámbito financiero se sugiere promover garantías y contragarantías soberanas que disminuyan el riesgo-país para inversores extranjeros, así como facilidades crediticias para pequeños productores (vía Bancóldex u otros fondos rotatorios) que hoy enfrentan barreras de acceso.

Para incrementar la escalabilidad de los proyectos se recomienda además: impulsar subastas renovables regulares y flexibles, vinculando resultados con financiamiento climático (como bonos verdes soberanos); fortalecer fondos de garantía sectoriales (fideicomisos públicos-privados) que puedan apalancar recursos privados; y estimular la participación del capital local e institucional (fondos de pensiones, aseguradoras) mediante instrumentos estructurados (plataformas de inversión, cartera de proyectos listos para invertir). Finalmente, se sugiere intensificar la cooperación regional en tecnología (interconexiones eléctricas, redes inteligentes) y en experiencias de financiamiento para reducir costos transaccionales.

En conjunto, estas acciones mejorarían la bancabilidad y escalabilidad de las renovables en Colombia y la región. Un entorno más predecible y competitivo acelerará la movilización de los volúmenes de capital necesarios para la transición energética, alineando la política pública con la ambición climática y generando beneficios económicos duraderos.