Por: Jose Ignacio Rueda Posada – Abogado Estudio Legal Hernández
Con el fin de prevenir futuras afectaciones en el fluido eléctrico, y encontrándose el Estado limitado en su presupuesto para realizar grandes inversiones en infraestructura, (similar a lo ocurrido con las vías de transporte terrestre), opto por abrir el mercado eléctrico a la inversión de capitales privados en el marco de la libre competencia dentro de la prestación de un servicio público garantizado por el Estado.
Así pues, la decisión apuntó a la atracción de pocos grandes participantes, que tuvieran la capacidad técnica y financiera, para realizar las inversiones necesarias para garantizar la prestación del servicio y asegurar la continuidad del suministro energético, obteniéndose entonces en punto de la generación, la inversión en plantas de generación térmica (si bien no la más amigable con el medio ambiente si la más segura en cuanto a su generación) y la ampliación de la oferta hidráulica.
El sistema normativo por tanto que nace, en respuesta a la problemática energética y como resultado de la política seleccionada por el gobierno para solucionarla, (muy acertada para la situación que se presentaba, pues no se lograría atraer grandes capitales privados si no se les aseguraba una participación importante en el mercado), se construyo en torno a la existencia de pocos grandes actores dentro del mercado.
Es así que, la revolución verde, en cuanto a la generación de energía eléctrica, encuentra al mercado energético colombiano paradigmáticamente poco preparado para su implementación y por tanto reacio al cambio, pues: i) está diseñado para que en él participen pocos grandes actores; ii) es altamente regulado; iii) dependiente de fuentes convencionales de generación; y iv) por tanto difícil de reducir en cuanto a su dependencia del carbono, en contravía de la tendencia mundial catalogada como cinco “D”: i) Descentralización; ii) Democratización; iii) Desregulación; iv) Digitalización; y v) Descarbonización.
Si bien la generación de energía a partir de las FNCER, ha estado presente por más de tres décadas, e inclusive en algunos casos incluso más tiempo, lo cierto es que su aplicación generalizada es un fenómeno más bien reciente en el mundo y por supuesto Colombia no es la excepción, estas tecnologías han sufrido un desarrollo acelerado en la última década y una cada vez más amplia implementación en años más recientes, que tienden a incrementarse exponencialmente en los años venideros, todo esto impulsado por el cambio climático que demanda la cada vez más extensiva aplicación de las cinco “D” ya mencionadas, resaltando especialmente para el caso que nos atañe la descentralización y la democratización en la generación.
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