En el documento ampliado explicamos el alcance técnico de cada norma, sus efectos prácticos en la seguridad jurídica de la tierra y las implicaciones estratégicas para el sector de energías renovables.
Realizar un Due Diligence legal en Colombia es un paso crítico en cualquier proceso de inversión, adquisición o estructuración de proyectos, especialmente en sectores regulados como energía, infraestructura y proyectos FNCER.
En muchos litigios de proyectos de energía en Colombia, el problema no es si hay o no un daño. El verdadero cuello de botella está en cómo se cuantifica. Y ahí es donde se caen buena parte de las pretensiones o de las defensas: dictámenes periciales que hablan de “el valor del predio”, de “pérdidas estimadas”, o de “impactos probables”, pero que no explican técnicamente el daño atribuible a la actividad energética concreta ni cumplen los estándares que hoy exigen la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
En la carrera por la transición energética, los proyectos de fuentes no convencionales de energía (FNCE) se enfrentan a un reto jurídico común: la interpretación de los planes de ordenamiento territorial. Un reciente fallo del Consejo de Estado sobre el proyecto Celsia Solar Chicamocha arrojó luz sobre cómo debe entenderse la norma urbanística frente a estos desarrollos.
La Ley 1715 de 2014 constituye el marco normativo más importante en Colombia para la promoción de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) y la eficiencia energética. Desde la perspectiva tributaria, esta ley establece un paquete integral de incentivos fiscales diseñados para reducir significativamente la carga económica de las inversiones en este sector estratégico.
La adquisición y venta de proyectos de energía en Colombia se ha consolidado como una de las operaciones más relevantes dentro del mercado de M&A sectorial. En este contexto, el Share Purchase Agreement (SPA) cumple un rol central como instrumento de asignación de riesgos, definición de responsabilidades y materialización de los hallazgos de la debida diligencia legal, técnica y regulatoria.
América Latina y el Caribe han avanzado hacia una matriz eléctrica cada vez más limpia. Según estimaciones recientes, alrededor del 60 % de la electricidad generada en la región proviene de fuentes renovables (hidroeléctrica, eólica, solar).
En 2025, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dio un paso decisivo para el futuro del sector eléctrico colombiano al publicar el Proyecto de Resolución 701-103 de 2025, un marco normativo que define cómo deben instalarse, operar y explotarse comercialmente los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica con Baterías (SAEB) en el Sistema Interconectado Nacional.
Principio general: Ningún predio rural puede ser fraccionado o subdividido por debajo del tamaño mínimo productivo (Unidad Agrícola Familiar – UAF) sin la autorización previa de la autoridad competente, de acuerdo con el uso del suelo y la naturaleza jurídica del bien.
La autorización de datos personales del representante legal en Colombia es clave para cumplir la Ley 1581 de 2012. Conoce cuándo se requiere, sus límites y las directrices de la SIC.