Energía

En el documento ampliado explicamos el alcance técnico de cada norma, sus efectos prácticos en la seguridad jurídica de la tierra y las implicaciones estratégicas para el sector de energías renovables.

Realizar un Due Diligence legal en Colombia es un paso crítico en cualquier proceso de inversión, adquisición o estructuración de proyectos, especialmente en sectores regulados como energía, infraestructura y proyectos FNCER.

En muchos litigios de proyectos de energía en Colombia, el problema no es si hay o no un daño. El verdadero cuello de botella está en cómo se cuantifica. Y ahí es donde se caen buena parte de las pretensiones o de las defensas: dictámenes periciales que hablan de “el valor del predio”, de “pérdidas estimadas”, o de “impactos probables”, pero que no explican técnicamente el daño atribuible a la actividad energética concreta ni cumplen los estándares que hoy exigen la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

La Ley 1715 de 2014 constituye el marco normativo más importante en Colombia para la promoción de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) y la eficiencia energética. Desde la perspectiva tributaria, esta ley establece un paquete integral de incentivos fiscales diseñados para reducir significativamente la carga económica de las inversiones en este sector estratégico.

La adquisición y venta de proyectos de energía en Colombia se ha consolidado como una de las operaciones más relevantes dentro del mercado de M&A sectorial. En este contexto, el Share Purchase Agreement (SPA) cumple un rol central como instrumento de asignación de riesgos, definición de responsabilidades y materialización de los hallazgos de la debida diligencia legal, técnica y regulatoria.

América Latina y el Caribe han avanzado hacia una matriz eléctrica cada vez más limpia. Según estimaciones recientes, alrededor del 60 % de la electricidad generada en la región proviene de fuentes renovables (hidroeléctrica, eólica, solar).