Realizar un Due Diligence legal en Colombia es un paso crítico en cualquier proceso de inversión, adquisición o estructuración de proyectos, especialmente en sectores regulados como energía, infraestructura y proyectos FNCER.
En muchos litigios de proyectos de energía en Colombia, el problema no es si hay o no un daño. El verdadero cuello de botella está en cómo se cuantifica. Y ahí es donde se caen buena parte de las pretensiones o de las defensas: dictámenes periciales que hablan de “el valor del predio”, de “pérdidas estimadas”, o de “impactos probables”, pero que no explican técnicamente el daño atribuible a la actividad energética concreta ni cumplen los estándares que hoy exigen la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
La Ley 1715 de 2014 constituye el marco normativo más importante en Colombia para la promoción de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) y la eficiencia energética. Desde la perspectiva tributaria, esta ley establece un paquete integral de incentivos fiscales diseñados para reducir significativamente la carga económica de las inversiones en este sector estratégico.
La adquisición y venta de proyectos de energía en Colombia se ha consolidado como una de las operaciones más relevantes dentro del mercado de M&A sectorial. En este contexto, el Share Purchase Agreement (SPA) cumple un rol central como instrumento de asignación de riesgos, definición de responsabilidades y materialización de los hallazgos de la debida diligencia legal, técnica y regulatoria.
América Latina y el Caribe han avanzado hacia una matriz eléctrica cada vez más limpia. Según estimaciones recientes, alrededor del 60 % de la electricidad generada en la región proviene de fuentes renovables (hidroeléctrica, eólica, solar).
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante el Concepto 100202208-2476 del 31 de diciembre de 2025, reconsideró su doctrina en relación con la aplicación de la retención en la fuente en los contratos de cuentas en participación, particularmente en aquellos casos en los que intervienen socios ocultos no contribuyentes o no declarantes del impuesto sobre la renta.
En 2025, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dio un paso decisivo para el futuro del sector eléctrico colombiano al publicar el Proyecto de Resolución 701-103 de 2025, un marco normativo que define cómo deben instalarse, operar y explotarse comercialmente los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica con Baterías (SAEB) en el Sistema Interconectado Nacional.
Conoce cómo participar en el mercado eléctrico sin ser agente generador mediante la representación de activos. Guía práctica de Estudio Legal Hernández.
Las comunidades energéticas en Colombia son una de las apuestas más relevantes para democratizar la energía y acelerar la transición hacia fuentes renovables. Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 (Ley 2294 de 2023), esta figura tiene respaldo legal y ya cuenta con regulación específica.
El almacenamiento de energía con baterías es una pieza clave en la transición energética, permitiendo gestionar la intermitencia de las energías renovables y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico. En Colombia, a pesar del creciente interés en el tema, la regulación y los modelos de negocio para su implementación aún presentan desafíos importantes. En este artículo, analizamos el panorama actual y exploramos las oportunidades para el desarrollo de proyectos de almacenamiento en el país.