Por: Augusto Hernández Becerra – Estudio Legal Hernández
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¿Cuáles son las grandes emergencias que debió enfrentar Colombia en las últimas décadas?
Por haber ocasionado numerosas víctimas, daños sin precedentes a la infraestructura y profunda crisis social y económica, han sido de especial relevancia las siguientes emergencias: i) el terremoto del 31 de marzo de 1983, que destruyó la ciudad de Popayán; ii) la erupción del volcán nevado del Ruiz, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, que afectó a 13 municipios y arrasó el municipio de Armero en el Tolima; iii) el terremoto del Eje Cafetero, ocurrido el 25 de enero de 1999 con epicentro en la ciudad de Armenia, que afectó gravemente a 29 municipios; iv) la ola invernal ocasionada por el fenómeno de La Niña en 2010-2011, que devastó a numerosos municipios del país a lo ancho y largo del territorio nacional.
¿Cuáles fueron las estrategias institucionales diseñadas por el Estado colombiano?
En emergencias anteriores el Estado colombiano diseñó y puso en operación toda una institucionalidad propia, especializada en los temas propios de su actuación, dirigida por autoridades dotadas de notables capacidades gerenciales y de coordinación transversal. En 1985 fue el Fondo de Reconstrucción “Resurgir”; en 1999, el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, “FOREC”. Para enfrentar el fenómeno de la Niña en 2010 se creó la Gerencia Colombia Humanitaria como subcuenta del Fondo Nacional de Calamidades.
¿Por qué es excepcional la crisis del COVID-19?
Aunque las crisis ya vividas dejaron una huella luctuosa en la vida nacional, ninguna de ellas tuvo la gravedad de la emergencia actual del COVID-19, que es una pandemia global, masiva y multifacética. En efecto, el COVID-19: (i) afecta potencialmente a toda la población del país sin excepción y no solo a una región de Colombia; (ii) conlleva fuerte carga y presión creciente sobre los sistemas hospitalario y de salud, sobre todo por el potencial pico de la extensión de la epidemia y de la presión sobre los servicios; (iii) inhibe la movilidad de la población, y por lo tanto frena la actividad económica; (iv) precipita la pérdida del empleo y los ingresos familiares, y (v) amenaza la estabilidad y sostenibilidad de los sectores productivos y de los ingresos fiscales.
¿Cuáles son las principales dimensiones del sistema de atención que exige el COVID-19?
El Estado debe desplegar capacidades excepcionales para ejecutar, unificada y congruentemente, competencias en tres frentes: salud, sostenibilidad del empleo y de las empresas, y protección social. La gestión estatal de la crisis debe comprender atribuciones suficientes para coordinar la acción gubernamental, concertar las acciones nación-territorio, conciliar iniciativas público-privadas y con el tercer sector, armonizar el sistema de atención con las diversas instancias y organismos internacionales, y ordenar la articulación del sistema con investigadores, laboratorios, comunidad académica y otros actores públicos y privados.
El sistema de atención que debe proveer el Estado presenta múltiples dimensiones, tal como puede apreciarse en la siguiente gráfica:
¿Crear una entidad responsable de gestionar la emergencia?
La adecuación de la organización estatal debe corresponder a la gravedad del momento. En esta ocasión se experimenta un agudo sentido de urgencia que lleva a pensar en la necesidad de una institucionalidad especializada, dotada de facultades que quizás no se han formulado en el pasado.
Hasta este punto del análisis, salvo que con nuevos elementos de discusión se concluya algo diferente, parecería que lo más indicado sería reorganizar el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y dotarlo de las herramientas administrativas, financieras y jurídicas necesarias para gerenciar la crisis humanitaria.
Al igual que en el pasado, se puede distinguir entre un gerente y un Director Ejecutivo, siendo necesario además robustecer al Fondo con una organización que permita la participación, en distinto grado y de acuerdo con varias modalidades, del sector empresarial y académico, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, así como la coordinación transversal del gobierno nacional y su articulación con las autoridades territoriales.
[1] Documento preparado en Oportunidad Estratégica con la participación de Augusto Hernández Becerra, profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia, y de Jorge Hernán Cárdenas S., ex decano de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes.
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